Los conflictos laborales colectivos, en particular los que resultan de la celebración o revisión de un convenio colectivo, pueden resolverse mediante conciliación o mediación con la intervención y el apoyo de los servicios del ministerio responsable de las relaciones laborales.

El derecho de huelga está reconocido por la Constitución de la República Portuguesa. El uso de la huelga lo deciden las asociaciones sindicales o la asamblea de trabajadores de la empresa. Es obligatorio dar publicidad a la huelga, enviando aviso de huelga con al menos 5 días de antelación al empleador y al ministerio responsable de las relaciones laborales. Si la huelga se produce en una empresa o establecimiento que esté destinado a satisfacer necesidades sociales esenciales, deberá preavisarse con al menos 10 días de antelación y garantizarse unos servicios mínimos.

El empleador no puede contratar nuevos trabajadores y/o contratar empresas específicamente para reemplazar o realizar tareas realizadas por trabajadores en huelga. La ley prohíbe cualquier acto que implique coerción, daño o discriminación contra los trabajadores por adherirse o no a la huelga. Los trabajadores en huelga pierden su derecho a la remuneración.

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