España es una monarquía parlamentaria, en la que el Rey es el jefe del Estado, pero es el Gobierno (Presidente y Consejo de Ministros) quien dirige la política interior y exterior, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

El Parlamento español, denominado Cortes Generales, representa al pueblo español y tiene dos cámaras, el Congreso y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que le atribuye la Constitución. Las elecciones a Cortes Generales se celebran cada 4 años, o antes en caso de elecciones anticipadas. En las elecciones generales pueden votar todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años, tanto si residen en España como en el extranjero.

El Estado español está formado por 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Cada Comunidad Autónoma posee su propio Gobierno y Parlamento, y amplias competencias. Las Leyes son promulgadas por las Cortes Generales y por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, cuyos procesos de elección tienen las mismas características que las elecciones generales.

Las personas que se encuentran en España están sujetas a la legislación española. El derecho español es similar, por ejemplo, al francés o el alemán basados en el derecho romano, distinto, por tanto, del sistema angloamericano.

De la administración de justicia se encargan los juzgados y tribunales con diferentes jurisdicciones y competencias: asuntos civiles, penales, sociales y administrativos. Los abogados se encargan de la defensa de sus clientes y los procuradores de los trámites judiciales. Las personas con bajos ingresos tienen derecho a asistencia jurídica gratuita.

La legislación laboral y de Seguridad Social es única y común para todo el Estado, limitándose las Comunidades Autónomas a su ejecución.

El Sistema Nacional de Empleo es el conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, cuya ejecución es descentralizada y ajustada a las diferentes realidades territoriales. Sus pilares básicos son, por una parte, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, por otra, los Servicios Públicos de Empleo de las diferentes comunidades autónomas, pero en el seno del Sistema Nacional de Empleo, se realiza la coordinación entre todos los agentes intervinientes.

El SEPE es competente para gestionar las prestaciones por desempleo, así como para desarrollar, ordenar y hacer el seguimiento de los programas y medidas de las políticas de empleo y coordinar la red territorial. Por otro lado, los Servicios de Empleo Autonómicos son competentes para gestionar la atención a personas desempleadas u ocupadas y a las empresas. La red se completa con un amplio conjunto de instituciones y entidades que colaboran en la prestación de políticas activas de empleo.

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